José Estrada.
Palenque, Chiapas.- En flagrante violación al artículo 14 constitucional el director de Tránsito y Validad Municipal, Carlos Sánchez López, establece cobros retroactivos al inicio de la administración del edil Marcos Mayo Mendoza a empresas cuyas unidades realizan actividades de carga y descarga dentro de los límites de la ciudad.
El atrevimiento del funcionario público, quien desafió al ejecutivo del estado al implementar un reglamento municipal que desconoce los emanados de la Ley de Trasporte vigente en Chiapas, va más allá de aplicar sanciones administrativas hechas a modo, ya que a través de documentos oficiales exige pagos retroactivos por decenas de miles de pesos a las unidades de reparto que transiten en calles y avenidas de Palenque.
Estas acciones violan el artículo 14 de la Constitución Mexicana donde reza que “A ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Quienes conocen la materia señalan a la irretroactividad “como uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley y que esta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación”.
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| Oficio donde solicitan el pago de impuestos retroactivo al año 2013 |
La irretroactividad en un principio de aplicación de la ley aceptado universalmente; es decir, válido en todos los tiempos y en todos los lugares.
Amparándose en el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Palenque, que entró en vigor el pasado 14 de Agosto del presente año, Carlos Sánchez López pretende obligar a las empresas foráneas que comercian con centros comerciales, establecimientos y abarrotes, a pagar un mínimo de 5 salarios, alrededor de 318 pesos, por cada una de las veces que ingresen a la ciudad.
El pasado 12 de Noviembre un empleado de una empresa dedicada a la venta de productos lácteos fue sancionado por no contar con el permiso correspondiente para las labores de carga y descarga. Para obligarlo a cumplir con esta ley estipulada en el artículo 100, fracción 59; del reglamento antes señalado, fue despojado de la placa delantera de su unidad.
El infractor, quien de acuerdo con la boleta expedida por uno de los agentes, responde al nombre de Juan José Magaña de la Cruz, manifestó que fue trasladado a las oficinas de tránsito municipal donde, “tras una extensiva búsqueda, la base de datos arrojó que la unidad tenían un adeudo por 29 mil 460 pesos, correspondiente al pago retroactivo de los doce meses del año 2013”.
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| Juan José Magaña de la Cruz. Víctima de acoso. |
En lo que concierne al año 2014 el monto que le exigen es de 30 mil 612 pesos, debido a que realiza 8 ingresos cada mes y por cada uno de ellos deberá pagar la cantidad de 5 salarios mínimos. El monto incluye otro pago retroactivo por los meses de Enero a Agosto, fecha en que entró en vigor el nuevo reglamento.
El amonestado manifestó que él tiene dos meses laborando en la ruta y que desconocía de tales reglamentos por lo que optó por no firmar la boleta de infracciones y notificar a sus superiores.
Los rumores que se escuchan de comerciantes y empleados de las empresas que llegan a ésta ciudad a entregar sus productos “es que viven en constante acoso y amenazas por parte de los agentes de tránsito y vialidad municipal, comandados por su director Carlos Sánchez López, quienes les exigen que deben obtener el permiso correspondiente para poder laborar dentro del municipio o de lo contrario las infracciones continuarán.
Cabe señalar que los documentos donde dichos pagos “fueron presupuestados y requeridos” provienen de la Dirección de Hacienda Municipal, lo que infiere que las presuntas violaciones al derecho constitucional podrían llevarse a cabo en contubernio con su titular, Manuela del Carmen Obrador Narváez, a fin de darle legalidad a un cobro que se aplica indebidamente, de forma retroactiva.
No obstante los documentos están firmados por otra persona (P.A.) en ausencia de la directora de Hacienda Municipal, lo que también presenta la posibilidad de que los documentos sean sustraídos para darles un uso ilegal, al obligar a las empresas a realizar “convenios” con la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.
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